Imprimir
ENVIAR |

James Petras: Las medidas sancionadoras y la estructura de poder sionista. Las empresas sirven al Estado

PI28/03/11

Introducción

Uno de los rasgos fundamentales que diferencia a una economía capitalista de otra no capitalista (socialista, feudal o de un Estado absolutista) es la separación entre Estado e iniciativa privada. En un Estado capitalista se supone que las iniciativas económicas se rigen según las leyes del mercado, bajo las cuales tratan de maximizar los beneficios y aumentar las cuotas de mercado. Se supone que el Estado actúa en defensa de las empresas capitalistas, garantizando su protección y fomentando la obtención de beneficios y mercados.

La historia reciente de las relaciones exteriores ofrece abundantes evidencias de que es más cierto lo contrario: las empresas privadas, sobre todo los bancos, se han convertido en ayudantes del Estado norteamericano, sirviendo de correa de transmisión de la política militar estadounidense a base de sacrificar mercados, beneficios y oportunidades de negocio en aras de un crecimiento económico futuro. Otro motivo importante para mantener a las multinacionales estadounidenses alejadas de un país. Además, el Estado, tanto en Europa com oen Estados Unidos, se ha apoderado de miles de millones de dólares en fondos de inversión privados y ha desposeído a sus propietarios, saboteando en el proceso transacciones financieras importantes que afectaban negativamente a las instituciones financieras occidentales más grandes.

La desposesión de capitalistas privados y la utilización de empresas en las políticas estatales han aumentado en alcance y profundidad a lo largo de este decenio, lo que revela la creciente subordinación del capitalismo privado a un Estado imperialista militarista. El sacrificio del lucro privado y el mercado libre a los decretos de las autoridades del Estado se ha llevado a cabo mediante la coerción y las sanciones graves contra todo aquel que lo quebrantara.

Todavía está pendiente contar cómo y por qué el mayor propagandista de la «libre empresa» del mundo y del capitalismo no regulado ha logrado convertir empresas financieras e industriales internacionales de primer orden en instrumentos de la política exterior, con un coste inmenso para su balance económico. Dada la enormidad del cambio histórico en la relación entre Estado y mercado, el desplazamiento del poder tiene consecuencias tremendas para la paz, la prosperidad y la libertad.

De cómo el Estado domina «el mercado»: El contexto histórico

A partir de la década de 1990, bajo el mandato del presidente Clinton, y en aumento bajo los mandatos de Bush y Obama, el Estado imperial estadounidense impuso sanciones económicas, primero, en Iraq, después, en Irán y, más recientemente, en Libia. Efectivamente, el Estado indicó a sus multinacionales petroleras y a los bancos más importantes que debían sacrificar las oportunidades de inversión lucrativa y los beneficios y mercados de que gozaban en ese momento para servir a los intereses estatales imperiales. En la década de 1990 se perdieron miles de millones de dólares ante las sanciones de Iraq, lo que obligó a muchas compañías petroleras estadounidense a implicarse con «terceros» e intermediarios clandestinos para garantizar una cuota reducida del mercado del petróleo. El Estado imperial impuso castigos duros (multas, cárcel y exclusión del mercado estadounidense) a todos aquellos consejeros delegados y empresas privadas que no respetaran las sanciones. Sin duda, el Estado estaba al mando; la clase empresarial dominante acabó siendo el comité ejecutivo del Estado imperial.

La política de sanciones aplicada a Oriente Próximo durante el mandato de Clinton no fue más que el principio: se profundizó en ella y se amplió con los presidentes Bush y Obama, especialmente a partir de 2004.

El gravamen Levey: De cómo los sionistas norteamericanos congelaron los beneficios económicos

En 2004 se instituyó un complemento administrativo en el Departamento del Tesoro estadounidense en el que muy pocos repararon y que ha tenido una relevancia histórica mundial: el Comité de Asuntos Públicos Israelí-Estadounidense (AIPAC, American Israel Public Affairs Committee) ejerció presión para que el Departamento del Tesoro creara el cargo de «Subsecretario para asuntos de Terrorismo e Inteligencia Económica». Con idéntica importancia, bajo la presión sostenida del AIPAC se nombró director del nuevo organismo a Stuart Levey, un sionista ferviente con una energía inmensa.

Levey utilizó todos los mecanismos administrativos disponibles en el Departamento del Tesoro, desde las amenazas de sanciones, las multas y el ostracismo, hasta la persuasión amistosa u hostil, para alinear los fondos de pensiones privados y públicos, tanto de los estados norteamericanos como del gobierno federal, con el fin de sacrificar inversiones lucrativas en países seleccionados como blanco, la mayoría de los cuales, quién lo iba a decir, eran contrarios a la ocupación israelí de Palestina.

Aun cuando Levey estuviera imponiendo restricciones estatales a las operaciones de inversores privados en Estados Unidos, organizó a todo su personal para patrullar el universo financiero del extranjero. Levey y sus aliados sionistas del denominado «lobby israelí» llamaron a sus compinches del Congreso para que aprobaran medidas sancionadoras que no solo afectaran a los bancos, fabricantes y empresas de construcción estadounidenses, sino que penalizaran a cualquier banco europeo, asiático y de Oriente Próximo que tuviera acuerdos económicos con Irán y con otros países de su lista (Cuba y Corea del Norte, entre otros).

Levey amplió las sanciones para que afectaran a empresas e inversores que tuvieran incluso vínculos económicos indirectos con Estados Unidos: su policía secreta financiera localizó fondos que pasaban de un banco privado a otro y tenían vínculos tangenciales con los bancos estadounidenses, y Levey solicitó y obtuvo cientos de millones de dólares en multas contra bancos suizos, chinos (de Macao), ingleses y de otros lugares. Con eficacia, el Estado imperial estadounidense, a través de su Subsecretario del Tesoro, enjaezó la totalidad del sistema financiero del mundo para que sirviera a la política exterior estadounidense e israelí. Levey es explícito cuando se refiere a su papel en la creación de un Estado en el seno del Estado. «El Tesoro estadounidense es el único Tesoro del mundo con un servicio de inteligencia plenamente operativo.» Podría haber añadido que el Departamento del Tesoro estadounidense es el único Departamento del Tesoro del mundo que sacrifica los intereses económicos de sus inversores privados y los de sus aliados en aras de los intereses de una potencia extranjera (Israel).

A base de establecer lazos de influencia con instituciones financieras estadounidenses y para facilitar el acceso a los mercados estadounidenses, el régimen de Levey controla de hecho las transacciones económicas y las operaciones mercantiles de empresas privadas europeas, asiáticas y de Oriente Próximo.

Lo que parece sin más un cargo administrativo relativamente menor en el Departamento del Tesoro ha forjado de hecho un imperio administrativo que ha convertido con eficacia a empresas bancarias y manufactureras internacionales privadas en instrumentos de la política estadounidense e israelí.

En el ejercicio de sus funciones, Levey diseñó la apropiación de miles de millones de dólares de activos extranjeros de fondos públicos y privados rivales. Uno de sus últimos movimientos antes de dejar el cargo (en marzo de 2011) fue apropiarse de 32.000 millones de dólares de fondos libios utilizando el pretexto de que el banco no estadounidense en el que estaban depositados invertía en bonos del Tesoro estadounidense.

Levey ha definido con claridad la nueva relación existente entre el capital privado (el mercado) y el Estado: «Los gobiernos de todo el mundo (sic) aprecian la fuerza de este tipo de medidas y la relevancia del sector privado en el esfuerzo general [imperial] y que es algo que ha cambiado en los últimos cuatro o cinco años» (las cursivas son mías). (The Financial Times, 10 de marzo de 2011, pág. 5).

Las «medidas a las que alude Levey son las sanciones del Estado y la coerción y las multas impuestas al sector privado para garantizar su conformidad con los intereses imperiales e israelíes a expensas de beneficios y mercados.

La mano visible del Estado

Levey y sus colegas sionistas han conseguido que su «Estado dentro del Estado» perviva más allá de su permanencia en el cargo. A Levey le sucedió David Cohen, su antiguo socio en el gabinete de abogados y promotor de idénticos intereses israelíes. Levey/Cohen han institucionalizado y grabado en piedra los mecanismos para promover el control estatal imperial sobre las operaciones mercantiles. El nombramiento de Cohen garantiza la continuidad de la dinastía sionista en el «Estado dentro del Estado».

Los mayores perdedores económicos de las medidas estatales centradas en «sanciones» promovidas por el Departamento del Tesoro (léase Levey/Cohen) han sido los bancos internacionales, las empresas petroleras y de gas y los fondos de pensiones. Los bancos han perdido el acceso a fondos de inversión y a lucrativas comisiones de gestión; las empresas petroleras han perdido beneficios y acceso a campos petrolíferos. El complejo militar-industrial ha perdido ventas de armamento. Los exportadores agrarios han perdido mercados de productores de combustible con déficit de alimentos. ¿Quiénes han sido los ganadores? Sin duda, no los generales que están librando una tercera guerra muy cara cuando las instancias sancionadoras decidieron imponer el paso a la «opción militar» una vez que las medidas sancionadoras no consiguieron traducirse en el derrocamiento del régimen libio.

En apariencia, los principales «ganadores» de las medidas sancionadoras son sus defensores en la Casa Blanca, el Congreso, el Departamento del Tesoro, los líderes de los dos partidos principales y los ideólogos e islamófobos de los medios de comunicación. Y, por supuesto, los máximos ganadores son Israel y su configuración de poder sionista encastrada en los organismos clave del Tesoro, los comités esenciales del Congreso y sus colegas del Departamento de Estado situados en los puestos más influyentes en Oriente Próximo (James Steinberg, Mark Grossman, Dennis Ross, Jeffrey Feltman), así como los del Departamento del Tesoro (Cohen).

Si uno plantea la pregunta lógica de por qué la Gran Banca o el Gran Negocio Petrolero planta cara a medidas que prejuzgan sus intereses económicos y los someten a la cruda supervisión de los investigadores de Levey/Cohen del Departamento del Tesoro, lo más razonable es suponer que no están dispuestos a enzarzarse en un combate a muerte con tres adversarios potentes: los sionistas del gobierno, políticamente muy influyentes, que diseñan, implantan e imponen las sanciones; sus homólogos en los prestigiosos medios de comunicación que apoyan sus medidas, y los 300.000 miembros activos de las 52 organizaciones judías norteamericanas importantes que amenazan con organizar campañas de boicot. Una suposición poco plausible es que los banqueros y las grandes empresas petroleras se han vuelto altruistas y patrióticas y están dispuestos a sacrificar contratos de miles de millones de dólares para servir a nuestra «seguridad nacional» tal como la definen Levey/Cohen y sus adláteres del AIPAC. Cuando hablamos de «medidas sancionadoras» estadounidenses, o cuando leemos que los banqueros europeos «siguen los pasos de Washington», seamos claros diciendo de qué «Estado» dentro de Estados Unidos estamos hablando y qué organismos de Washington están garantizando que los bandos europeos sigan «nuestros» pasos.

Aunque no derramemos lágrimas porque un gobierno entrometido recorte la obtención de beneficios de las Grandes Empresas Petroleras y la Gran Banca, o interfiera con el funcionamiento del libre mercado, no olvidemos que «el Estado dentro del Estado» que dicta la política económica no rinde cuentas a nuestros ciudadanos; es más, si dicta políticas económicas en el exterior a las multinacionales, seguramente no tiene ningún escrúpulo para hacer lo mismo a los norteamericanos de a pie. Lo siguiente en la agenda de AIPAC/Levey/Cohen es una «petición» del primer ministro israelí Netanyahu de una «ayuda» adicional de 20.000 millones de dólares para garantizar la seguridad de Israel frente a los movimientos en favor de la democracia que recorren el mundo árabe y para financiar una nueva tanda de asentamientos en Cisjordania.
Israel necesita la ayuda estadounidense como los contribuyentes estadounidenses necesitan tener un agujero en el bolsillo. Según el último estudio de Forbes sobre los multimillonarios, publicado el 20 de marzo de 2011, Israel tiene más multimillonarios per cápita que cualquier otro país del mundo.

Fuente: Rebeliòn.org


Imprimir


VOLVER


           

 
 
 
 
t="15"> t="15"> t="15"> t="15"> t="15"> t="15">